La semana pasada se lanzó el Informe 2016 del Observatorio de Huelgas Laborales (OHL) del COES-UAH. Los datos presentados toman especial interés ante la incertidumbre de los efectos de la reforma laboral y a pocos meses de la elección presidencial. Los principales hallazgos dicen relación con un ciclo de creciente conflictividad laboral por un aumento de las huelgas extra-legales del sector privado y de los funcionarios públicos. Ante ello, nuevamente queda en cuestión la eficiencia de la legislación laboral y se desprende la pregunta si es que el nuevo marco normativo logrará solucionar las deficiencias de la anterior legislación.

Este tema no es nuevo y, en el caso particular de la huelga, varios datos avalan lo acotado de la ley tanto por sus fuertes restricciones como por la poca utilidad de su ejercicio. Algunos ejemplos son la participación abruptamente menor mediante huelgas legales comparadas con las extra-legales, una concentración geográfica en la región metropolitana de huelgas legales, restricción de los temas susceptibles de negociar, presencia mayoritaria en grandes empresas, etc. Pero quiero detenerme en un dato novedoso para evaluar el impacto que tiene la huelga: la duración.

Empresarios y trabajadores no desean llegar a la huelga. Los primeros por el riesgo a reducir sus utilidades, mientras que los segundos por la cantidad de recursos que deben desplegar en su ejecución y por el riesgo a represalias que podrían sufrir. Por lo tanto, una vez efectuada, ambos quieren que ella termine lo antes posible. Al respecto, los datos del OHL muestra las huelgas por fuera de la negociación colectiva no solo han sido significativamente más cortas que las legales, sino que transcurrido el primer día de huelga el 75% de ellas finalizó; mientras que las huelgas legales necesitan al menos ocho días para que la mitad de las paralizaciones acaben.

Ante estos datos, propuestas sobre la institucionalización de las relaciones del sector público se ponen en duda en cuanto a la eficiencia de imponer mecanismos estrictos, ya que las hiper-restricciones que sufre la huelga en el sector privado entorpecen más que facilitan la resolución de conflictos, aumentando los costos para las partes involucradas -y ahora para el Estado mediante procedimientos nuevos previos a la negociación.